La Defensoría del Pueblo dio a conocer que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) estaría incumpliendo una cláusula fundamental que tendría como finalidad la contratación de un tercero con facultades de supervisión para el servicio de bloqueo de llamadas telefónicas e internet en los establecimientos penitenciarios del país.
Esto a propósito de un nuevo reportaje periodístico donde se pone, una vez más, en relieve la comisión de delitos desde el interior de los penales.
Así, los hallazgos que se obtuvieron en el penal de Trujillo, y las investigaciones policiales donde se detalla la comisión de delitos en su interior, evidencian que no se está cumpliendo con el rol supervisor de la parte contratante, situación que propicia que el servicio sea defectuoso al momento de bloquear las llamadas telefónicas.
Del mismo modo, genera preocupación la demora en la instalación de bloqueadores en el penal de Piura, siendo uno de los más hacinados y complejos, a nivel nacional, por las características de la población penal que allí se encuentra; pese a haber sido considerado dentro de los 33 penales a instalarse desde un inicio.
El incumplimiento de la cláusula, que data del 2014, año en que se suscribió el contrato de prestación de servicios entre el Minjusdh y la Empresa Prisontec SAC, denominado “Prestación de servicios de seguridad tecnológica en las prisiones”, ha generado que actualmente el servicio de bloqueadores de señales telefónicas y wifi en penales sea deficiente.
Cabe resaltar que, la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo, desde 2019, los impactos negativos que ha traído consigo la deficiencia en la implementación de estos servicios, pues contrario a lo que sucede en el interior, la población que vive en los alrededores de los penales no puede comunicarse vía telefónica ni tienen acceso a internet inalámbrico, debido a la instalación de estos aparatos.
Dicha problemática se acentuó con mayor notoriedad desde el inicio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, vulnerándose de manera sistemática derechos a la educación, al trabajo y a las comunicaciones, consagrados en diversos instrumentos normativos nacionales y supranacionales.
El Estado, a la fecha, sigue omitiendo su obligación, a través del Minjusdh, de contratar a una empresa para que cumpla con las funciones de supervisión; no obstante, haber transcurrido más de siete años desde la suscripción del contrato, resultando imperativo e inaplazable su contratación.
Finalmente, urge culminar el proceso de instalación de bloqueadores de celulares y señales wifi en 4 penales (Pucallpa, Piura, Arequipa e Iquitos), estando también pendiente que 12 penales ingresen a la etapa operativa, siendo para ello indispensable que Prisontec SAC obtenga la constancia de no interferencia al exterior otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La lucha en contra de la inseguridad ciudadana es una problemática que debe ser abordada de manera frontal, articulada, oportuna y estratégica desde el Estado, debiéndose de adoptar todas las medidas que resulte necesarias para frenar el incremento de los índices de criminalidad, la cual tiene diversas aristas, siendo una de ellas la comisión de delitos desde el interior de las cárceles del país.
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