La Defensoría del Pueblo insistió al Congreso de la República sobre la necesidad de agendar, debatir y aprobar las iniciativas legislativas referidas a derechos de las personas LGBTI, como son el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la prohibición de las denominadas “terapias de conversión”, que afectan principalmente a las personas menores de edad LGBTI.
El pedido se hizo en el marco del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora cada 28 de junio.
El adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, indicó que todos estos son proyectos legislativos que continúan pendientes y cuya aprobación permitiría contar con un marco legal respetuoso de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, así como de los compromisos asumidos ante los sistemas internacionales en virtud de los tratados sobre derechos humanos de los que el Perú es parte.
Para el órgano constitucional, también es preocupante que la situación de violencia y discriminación, advertida desde el año 2016 a través del Informe Defensorial 175, continúe siendo un tema pendiente de atención por parte del Estado.
Estudios arrojan que entre enero de 2012 y mayo de 2021 se reportaron 84 denuncias relacionadas con muertes dolosas de personas LGBTI (que representan 88 víctimas), de las cuales el 68.9 % tenía indicios de violencia basada en prejuicio. Esto es que, de acuerdo a los hechos del caso, se pudo inferir que 1) la víctima pertenece a un grupo vulnerable; 2) que existió un discurso de discriminación o 3) que hubo altos niveles de crueldad en la violencia ejercida.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo advirtió serios retrocesos en acceso a la justicia. Ello en virtud de los pronunciamientos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en procesos seguidos por el reconocimiento del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo en el extranjero, el reconocimiento de la comaternidad en el documento de identidad de niña o niño nacida/o en el extranjero, el cambio de sexo en el documento de identidad de personas trans e intersexuales, entre otros.
Esto refleja criterios jurisdiccionales con persistencia de estereotipos y prejuicios de género en relación con la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI.
En ese sentido, la institución hizo especial énfasis en la necesidad de contar con un registro de denuncias e investigaciones fiscales y procesos judiciales que involucren delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como de discriminación, en agravio de personas LGBTI.
De igual forma, de contar con un procedimiento que permita la adecuación de los registros civiles y de identidad para las personas trans, la aprobación de protocolos diferenciados en materia de salud sexual y reproductiva para personas LGBTI.
En esta fecha conmemorativa, la Defensoría de Pueblo ratificó su compromiso de trabajar en la lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas LGBTI en condiciones de igualdad.
Asimismo, reiteró que es necesario abordar la problemática que afecta a esta población en su diversidad, considerando todas aquellas subjetividades que coexisten y agravan la situación de violencia y discriminación, especialmente de las personas menores de edad LGBTI al ser un grupo de especial vulnerabilidad frente a este tipo de agresiones.
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