Un elefante blanco, en eso se convirtió la planta generadora de oxígeno medicinal que compró el Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa), para el establecimiento de salud I-4 de Huancabamba.
El bien, adquirido de forma directa en 2021 por un monto de S/1 899 899.00, para combatir los embates del covid-19 en la zona altopiurana, nunca llegó a funcionar.
Así lo advierte la Contraloría General de la República en un informe que pone en evidencia varias irregularidades en el proceso de compra y por las que varios funcionarios y ex servidores públicos deberán responder ante la justicia.
El Informe de Control Específico n.° 009-2022-2-4520-SCE, del 15 de agosto de 2022, concluye que la Diresa Piura adquirió la planta con un proveedor que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas.
Para colmo, el contratista Consorcio Médico del Norte estaba integrado por empresas cuyas actividades económicas no estaban relacionadas con el suministro de plantas de oxígeno medicinal ni contaba con experiencia en ese rubro.
Además, un funcionario no autorizado otorgó ampliación de plazo para que el proveedor cumpla con entregar el bien.
Asimismo, «se aprobó la contratación directa sin contar la entidad con facultades» para hacerlo, pues se requería un acuerdo de Consejo Regional.
Por otro lado, la planta entregada no cumplía con lo solicitado “no encontrándose actualmente en funcionamiento”.
De igual forma, se detectó que se formularon requerimientos técnicos incompatibles con el grupo electrógeno adquirido previamente.
«Hechos que ocasionaron que se suscriba convenio con institución privada para abastecerse de oxígeno medicinal, generando gastos adicionales por S/52 020.50, afectando la finalidad pública de la contratación directa y la prestación del servicio de salud», destaca la Contraloría.
Todo esto transgrede normativas como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, entre otras.
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En este caso, se identificó responsabilidad administrativa en el ex director regional de Salud José Nizama Elías y su jefe de Asesoría Jurídica, Helber Lara Camacho; y responsabilidad penal y administrativa en el entonces director de Administración, Arnulfo Saona Rodríguez; jefe de Logística, Hugo Santos Vásquez;y el responsable de Control Patrimonial, Félix Vega Ayala.
En el informe, la Contraloría recomienda a su Órgano Instructor realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Diresa Piura comprendidos en los hechos observados. Y al procurador público especializado en delitos de corrupción, iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en las irregularidades detectadas con la finalidad que se determine las responsabilidades que corresponda.
Puede leer el informe completo AQUÍ.
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