El Decreto Supremo N° 182-2022-PCM emitido recientemente por el Ejecutivo, dispone que las autoridades, funcionarios y servidores públicos no pueden expresar sus preferencias políticas ni su respaldo a una agrupación o candidato a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022.
La norma, que regula el accionar de los funcionarios y servidores públicos en el marco de la neutralidad que establece el Código de Ética de la Función Pública, precisa una serie de prohibiciones relacionadas con el uso de la posición o el cargo del funcionario o el servidor en el Estado, y con el uso de los bienes y los recursos públicos, incluido el tratamiento de la información pública.
«El propósito de la norma es mitigar los riesgos asociados a la prohibición de proselitismo político durante las próximas elecciones regionales y municipales y mantener informados a los funcionarios y servidores sobre los impedimentos que rigen durante el período electoral», sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
Los funcionarios y servidores públicos que incurran en incumplimiento serán pasibles de las sanciones de amonestación, suspensión de goce de remuneraciones, destitución e inhabilitación conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y a las sanciones establecidas en otras normas que resulten aplicables, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.
En relación al uso de la posición o cargo, el decreto establece que los funcionarios y servidores deben cuidar su comunicación y no expresar sus preferencias políticas, así como tampoco usar prendas con colores o símbolos que identifiquen agrupaciones políticas y/o a sus candidatos.
Igualmente, deben evitar e impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político y no condicionar, jamás, sus servicios a la ciudadanía por su filiación o simpatía política.
Tampoco pueden emplear su posición, su cargo y su horario de trabajo para influenciar políticamente sobre sus colegas o personas a su cargo.
En relación al uso de bienes y recursos públicos, los funcionarios o servidores no pueden exhibir propaganda electoral dentro de la entidad en la que trabajan ni disponer que lo hagan en otra institución pública y deben impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político.
Además, los funcionarios y servidores públicos no pueden condicionar el acceso a información pública ni afectar su contenido por razones o intereses políticos. En esa medida, deben actuar con transparencia y legalidad para garantizar el acceso a la información pública.
De otro lado, los funcionarios públicos, directivos públicos y servidores de confianza deberán abstenerse de expresar opinión sobre algún candidato o agrupación política en contienda de manera permanente y a través de cualquier medio, incluyendo sus redes sociales.
Frente a opiniones o afirmaciones de candidatos que pudieran afectar la imagen institucional de las entidades públicas durante el proceso electoral, cualquiera aclaración sobre el particular podrá efectuarse previa evaluación y por los canales institucionales correspondientes, sin referencia expresa a un candidato o agrupación política.
En caso los ciudadanos y servidores públicos identifiquen comportamientos o prácticas que vayan en contra la disposición emitida, podrán realizar el reporte correspondiente en la plataforma https://denuncias.servicios.gob.pe/
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