La designación de Javier Arce en este portafolio fue cuestionada debido a que no cuenta con experiencia ni estudios relacionados a este sensible sector, sobre todo en una coyuntura internacional de crisis alimentaria.
Sin embargo, su caso se complicó en los últimos días luego de que el propio Arce admitiera no haber consignado toda la información referida a sus antecedentes judiciales e investigaciones fiscales en la declaración jurada que presentó para jurar como miembro del Gabinete de Aníbal Torres.
En una entrevista con RPP del último martes, el también parlamentario andino alegó que esto fue solo una “omisión administrativa” y no un delito, como habían advertido previamente penalistas. “Es cierto. Yo tengo, del año 96, una sentencia absolutoria (…) Son denuncias del año 95, 97, donde ha sido un error, de repente de mis abogados”, manifestó.
Antes de dejar el cargo, Arce firmó resoluciones para cambiar a ocho altos funcionarios en el Midagri, las mismas que se publicaron en el Diario Oficial El Peruano.
En el Congreso, la Comisión de Fiscalización había citado a Arce para el próximo martes 7 de junio a fin de responder a los cuestionamientos en su contra, mientras la bancada de Fuerza Popular no descartaba presentar denuncia constitucional.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo demandó al presidente Pedro Castillo “reevaluar su designación” ya que ponía en riesgo la seguridad alimentaria del país.
“La consignación de información falsa en un documento público no solo constituye un acto ilícito sino una grave afectación del principio de transparencia, un obstáculo para el control ciudadano de las decisiones públicas y un actuar opuesto a los valores que debe presentar un ministro de Estado”, agregó la institución.
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