El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a través de un pronunciamiento, rechazó la aprobación por insistencia en el pleno del Congreso de las modificaciones a la Ley Universitaria 30220.
Compartimos el comunicado dirigido a la opinión público por dicho organismo:
1. Lamenta la aprobación de las modificaciones a la Ley Universitaria. Desde la presentación del proyecto hasta su aprobación por insistencia el pasado miércoles 13 de julio, la Sunedu ha expuesto argumentos técnicos y legales sobre el retroceso que significa este cambio normativo en la calidad del sistema de educación superior universitaria.
El proceso de reforma universitaria ha cumplido recientemente 8 años, constituyéndose como una de las pocas políticas públicas consolidadas de los últimos tiempos.
2. La reforma universitaria, a pesar de sus pocos años de vigencia, ha obtenido logros tangibles, el mayor de los cuales es haber alcanzado un sistema de educación superior que hoy cumple con Condiciones Básicas de Calidad, eliminando del país a universidades que no cumplían con su labor de formación.
Este proceso benefició a más de un millón 100 mil estudiantes que actualmente cuenta con más profesores a tiempo completo y con mayor preparación, con más docentes dedicados a la investigación y con una mayor presencia de universidades peruanas en los rankings internacionales.
Además, la ley estableció las defensorías universitarias, las cuales actualmente velan por los derechos de los estudiantes. Todos estos logros son resultado del trabajo de cada una de las comunidades universitarias que lograron el licenciamiento.
3. Los ataques a la institución han sido constantes por parte de algunos detractores de la reforma. Todos estos ataques fueron de corte político y basados en falsedades, dejando de lado en la discusión, los verdaderos alcances de la contrarreforma apenas aprobada.
Los promotores y defensores de dicha norma aseguran que la Sunedu aún tiene la facultad de licenciar universidades, sin mencionar que esta norma retira expresamente la potestad de licenciar programas como el de medicina, proceso actualmente en curso y que, a la fecha, ya ha beneficiado a 10 programas y a más de 9.000 estudiantes.
4. Los próximos procesos de licenciamiento de programas a ponerse en marcha eran los de ingeniería y educación. Se había decidido por estas carreras debido al impacto directo que tienen en la población, para así poder garantizar la formación de calidad de los futuros médicos, ingenieros y profesores, siendo esta una tarea urgente para el desarrollo del país y el cierre de brechas.
5. La aprobación de este dictamen también ha retirado de manera expresa la posibilidad de actualizar y modificar las Condiciones Básicas de Calidad, poniéndose en riesgo la revisión continua que se requiere en la formación de profesionales.
6. Igualmente, ha eliminado la rectoría del Ministerio de Educación en la política de calidad de la educación superior, lo que atenta directamente contra las universidades públicas quienes durante los últimos años estuvieron recibiendo presupuesto adicional para lograr el licenciamiento y así asegurar la adecuación tanto de las sedes autorizadas como de sus filiales, favoreciendo a estudiantes de todas las regiones del país.
7. La presencia de representantes de universidades en el Consejo Directivo de la Sunedu le restaría el carácter técnico y autónomo a la institución, pues no se han contemplado las garantías necesarias para la elección de los futuros miembros de ese Consejo Directivo.
De esa manera, se expone a la institución a que pueda responder a intereses políticos o económicos, a diferencia de lo que acontece actualmente, donde el actual Consejo Directivo está integrado por reconocidos profesionales independientes con experiencia en docencia universitaria e investigación.
8. El Consejo Directivo de la Sunedu exhorta a las universidades públicas y privadas, Unesco, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Educación, a las y los estudiantes organizados e instituciones de la sociedad civil que mostraron su oposición a esta contrarreforma a mantenerse en vigilancia permanente a fin de garantizar el derecho a la educación universitaria de calidad de cientos de miles de estudiantes peruanos.
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