El suceso ocurrió el 26 de mayo y la policía del condado de Orange presentó este martes las conclusiones de su investigación.
El día de los hechos los agentes llegaron a la casa de Reggie Mabry, de 26 años, y su pareja, Marie Ayala, de 28, tras recibir una llamada de emergencia.
La pareja vivía con tres niños de 5 años, 2 años y 5 meses de edad. Ambos eran delincuentes con condenas en vigor por desatención de menores y posesión de drogas y estaban en libertad condicional, lo que les prohibía tener armas.
Cuando llegaron los agentes, Mabry estaba tumbado en el suelo y gravemente herido por una bala en la espalda.
«Al principio pensaron que se trataba de un suicidio», explicó a la prensa el sheriff del condado, John Mina.
Sin embargo, en la misma escena del crimen el mayor de los niños dijo a su madre y a los agentes que su hermano mediano había «disparado a papi», según los documentos del caso.
Ayala intentó reanimación cardiopulmonar a la víctima y los policías le llevaron al hospital, adonde llegó muerto.
En la investigación los agentes concluyeron que Mabry y Ayala habían dejado el arma de fuego ilegal, una Glock semiautomática de 9 mm, así como municiones, en la habitación que compartían con sus hijos y al alcance de estos.
«Ahora estos niños pequeños han perdido en la práctica a sus dos progenitores: su padre está muerto, su madre está en la cárcel y uno de ellos va a tener que vivir sabiendo que disparó a su padre», afirmó el sheriff.
La mujer, Marie Ayala, ha sido arrestada y acusada de homicidio involuntario por negligencia culposa, posesión de armas y municiones por un delincuente convicto y violación de la libertad condicional.
De ser declarada culpable de estos cargos, podría enfrentarse a una condena de hasta 15 años en prisión.
«Estas tragedias son 100 % prevenibles», aseguró el sheriff, tras advertir a los propietarios de armas de fuego de que quienes no las mantengan correctamente aseguradas «están a solo un segundo de que les suceda una tragedia como esta».
De hecho, solo el año pasado 163 personas murieron por disparos de menores de 18, y cada año ocurren unos 350 accidentes por disparos involuntarios de niños y adolescentes, según la ONG Everytown for Gun Safety.
El suceso de Orlando llega en un momento marcado por el intenso debate en Estados Unidos sobre la conveniencia o no de regular más la posesión de armas, después de uno de los peores tiroteos en una escuela en la historia del país. El 24 de mayo un joven de 18 años que había adquirido legalmente dos rifles abrió fuego en un centro escolar de primaria y acabó con la vida de 21 personas, entre ellas 19 niños. (BBC).
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