La inseguridad alimentaria y malnutrición en la región latinoamericana y en el Perú, en particular, se han agravado en los últimos años como consecuencia del impacto económico y productivo de la pandemia por el covid-19, la crisis inflacionaria global y la guerra entre Rusia y Ucrania.
De esta manera lo señaló Rolando Arancibia, asociado del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, quien reveló que en América Latina un 14.2 % de la población sufre inseguridad alimentaria grave o severa y un 21.6 % padece inseguridad alimentaria moderada. En total, casi el 40 % de la población en nuestra región padece inseguridad alimentaria.
«Seis millones de personas en América Latina y un millón de personas en Perú están en inseguridad alimentaria severa», explicó.
Asimismo, indicó que el problema ha evolucionado y luego del impacto inicial del covid-19 empezó a verse una fase de recuperación en cuanto a la disponibilidad de alimentos en 2021, pero con el estallido del conflicto bélico en Ucrania, el proceso se detuvo y se estima que la deriva se mantenga igual el próximo año. El contexto tiene efectos negativos en índices como el PBI, el índice de ocupación y pérdida de empleo, así como el precio de los alimentos cuya tendencia es al alza.
«El costo de una dieta nutritiva y saludable en América Latina es elevado en comparación con otras regiones en el mundo. Casi cuatro veces por una dieta con el mínimo de caloría necesarias, es mucho más caro», manifestó Arancibia.
En el caso del Perú, la data sobre inseguridad alimentaria en hogares alcanza niveles alarmantes en regiones como Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Áncash, donde estos índices pueden estar por encima del 59 %. En general, se ve que dos de cada 10 hogares tiene un acceso limitado a una dieta diversificada. Esto, en un espacio geográfico como el nuestro donde los desastres naturales son recurrentes y también afectan el acceso a alimentos, como los sismos y heladas.
Perú, señala el representante del Programa Mundial de Alimentos, ha sido reconocido en los últimos años por haber reducido la desnutrición, pero este mal crónico aún permanece en un nivel relevante, por lo que se requiere trabajar en cerrar la brecha entre los ámbitos urbanos y rurales. Igual con el sobrepeso y la obesidad en niños y mujeres en edad fértil.
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«Hemos visto que hay un ligero aumento en la desnutrición crónica y anemia, y en las zonas rurales sigue siendo crítica, ha aumentado en 0.1 %, en porcentaje puede no ser mucho, pero reducir cada punto de desnutrición crónica le he costado al país mucho», acotó.
Finalmente, Arancibia recomendó una serie de medidas para trabajar efectivamente desde la política en combatir este problema. Así, propuso establecer una rectoría de seguridad alimentaria, implementar un presupuesto por resultados en seguridad alimentaria, tener una política agraria con enfoque de sistemas alimentarios e implementar la ley de compras estatales a la agricultura familiar (31071) con asistencia técnica, acompañamiento y monitoreo.
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